En su denuncia, la universidad reclama que no se cumple la Ley de Financiamiento Universitario, la cual indica que solamente la Auditoría General de la Nación (AGN) puede realizarlas. Por lo tanto, la auditoría por parte del Poder Ejecutivo, a través de la SIGEN, “intenta intervenir en las universidades públicas para controlar lo que se enseña y aprende”.

El primer comunicado cuestionando la medida se titula “SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”. En ella se detalla cómo rinde sus gastos regularmente mediante todos los mecanismos que marca la legislación vigente. “Somos uno de los entes más auditados y controlados del sector público”, remarcaron.

Ricardo Gelpi profundiza: “Queremos ser auditados lo que sea necesario dentro del marco de las instituciones, y decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos lo que decida el Poder Judicial”.

La UBA, a través de redes sociales, declara que “La autonomía es una norma constitucional que protege el derecho a la educación universitaria […] Además preserva a las universidades de posibles arbitrariedades de los gobiernos de turno”.