Los imputados, identificados como Román González, Franco Casassola, Diego del Castillo Curbelo, Maximiliano Molina y Mauro Corna, se les atribuyó el delito de “perturbación de las sesiones legislativas y daños agravados”

Para este caso, se definió que los gremialistas transiten la causa en libertad con las siguientes condiciones: fijar domicilio, presentarse una vez por mes ante la Oficina de Gestión Judicial de Rosario, mantener una prohibición de acercamiento con la Legislatura de 300 metros y no cometer delitos, ni entorpecer la causa.

Los incidentes se produjeron cuando, durante la sesión del 12 de septiembre pasado, varios manifestantes intentaron irrumpir en el edificio legislativo para impedir la votación, lo que resultó en enfrentamientos con la policía. Durante estos disturbios, se registraron lesiones a varios agentes con piedras y palos, y la posterior respuesta con gases lacrimógenos.