El 17 de octubre, en conferencia de prensa los diputados Toniolli, Agustina Propato, Aldo Leiva, Germán Martínez, y otros representantes de grupos relacionados a excombatientes y familiares caídos en Las Malvinas solicitaron el juicio político contra la canciller, Diana Mondino, por relativizar la causa del archipiélago malvinense el 24 de septiembre. 

Entre los argumentos destacan el acuerdo con el canciller británico, David Lamy, que favorece la ocupación británica y facilita la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur. Además, la forma en que Mondino realizó este acuerdo fue mediante comunicados conjuntos. ¿Qué significa esto? Que esquivó al Congreso de la Nación y usurpó funciones que corresponden a los diputados y senadores, declaró el diputado Toniolli.

“Hay dos cuestiones que nos llevan a pedir este juicio político. Una es de forma: la canciller pretende atribuirse funciones propias del poder legislativo, celebrando acuerdos internacionales sin pasar por el Congreso de la Nación” explicó Toniolli, y completó: “y la más grave es la cuestión de fondo: Mondino es funcional a la ocupación británica y su política de militarización y saqueo del Atlántico Sur”.

La denuncia se fundamenta en el artículo 248 del Código Penal, acusando a la canciller de violar los deberes de funcionario público. El pedido de juicio político sostiene que la recuperación de las Malvinas es un objetivo constitucional irrenunciable y que las acciones de la canciller representan un retroceso en la diplomacia argentina.