“Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate”, dijo el fiscal Julio César Strassera en el alegato que condenó a nueve integrantes de las Juntas Militares, en 1985.

“No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de nuestra historia. Para nosotros en los 70’ hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos”, expresó el candidato a presidente por el partido La Libertad Avanza, Javier Milei, en el primer Debate Presidencial realizado en Santiago del Estero hace un día atrás, en 2023. Posteriormente, situados un día después de la conmemoración del 24M pero en 2025, los discursos negacionistas continúan.

Desde ese día, incluso antes de que sea nombrado presidente de la nación, Milei y su conjunto hacen uso del espacio público para dar declaraciones negacionistas (tal como el video que compartieron desde las cuentas de Casa Rosada). En dos minutos desconoció no solo las 530 horas de audiencia de un juicio histórico que reconstruyó las bases de nuestra democracia, sino también deslegitimó la lucha de organismos por los derechos humanos y el número de tantas víctimas que se llevó la última dictadura militar. 

Hablar de ‘verdad’ sugiriendo un número exacto de desaparecidos, resulta realmente imposible. Según el informe realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), la cifra es confeccionada sobre las denuncias recibidas en esa Comisión y es inevitablemente abierta: “Sabemos también que muchas desapariciones no han sido denunciadas, por carecer la víctima de familiares, por preferir estos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos (…) Pero existen millares de desaparecidos que pasaron por esos centros”, aclara el documento Nunca Más. 

Los 30.000 detenidos-desaparecidos atribuye a un número aproximado. Esto solo habla de la ilegalidad del poder del gobierno de facto, la falta de información y de pruebas por un Estado que no dejó registros. Se trató de algo clandestino, hecho en lugares igualmente clandestinos. 

Además, en el año 2006, el periodista Hugo Alconada Mon publicó en el diario La Nación una noticia sobre documentos expuestos por el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University de Estados Unidos. Los mismos indicaban que los militares aceptaban la cifra de 22.000 víctimas secuestradas o desaparecidas entre los años 1975 y 1978, cuando todavía faltaban cinco años para que la Argentina regresara a las prácticas democráticas. 

A falta de precisiones, pero lejos de cualquier exageración, reconstruir estimativamente las víctimas es la manera de generar memoria. Precisamente porque el método de represión fue clandestino, se siguen buscando niños y niñas apropiados y cuerpos desaparecidos sufridos por secuestros.

La historia de Laura Méndez Oliva es uno de los tantos casos de apropiación y desaparición forzosa, ya que sus padres fueron secuestrados. Su vida nos acerca a pensar en la importancia de la memoria, verdad y justicia, ya que su pasado se siguió construyendo cuando pudo dar con datos de la madre, Leticia Oliva: “Mi vieja apareció en 2015 cuando desde el Equipo de Antropología Forense encontraron un legajo en la policía de Verónica en Buenos Aires, que decía que en febrero de 1979 se encontró un cuerpo femenino no reconocido. Así supimos que fue víctima de los Vuelos de la Muerte. También decía que el cuerpo fue inhumado en el cementerio de Magdalena, pero aún no se comprueba si sus restos siguen allí”, relató en una entrevista de estudiantes del Taller de Producción II: Redacción, de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Cuando el candidato propone que se trata de una ‘guerra’, de una cuestión de ‘dos demonios’, encubre en su negacionismo, más allá de la cifra, la existencia de casos como este que confirman lo que fue un plan de exterminio sistemático. Y, sin embargo, ¿para qué hablar de víctimas exactas cuando se trató de algo clandestino? Es indignante tener uno, 8.753 o 30.000 desaparecidos, porque en todos los casos la forma en que se produjeron fue por un genocidio, que, lejos de ser una guerra entre dos bandos, fue un Estado que reprimió al pueblo argentino.
 

Por más de que sectores políticos digan lo contrario, no habrá Gobierno que pueda borrar la memoria de un país que se pregunta dónde está su gente. Saber que esto no es algo saldado implica continuar con el pedido de justicia de esta tragedia colectiva. Hay que pensar en un futuro que no dé un paso atrás, y, como terminó el alegato de Strassera, esperando que asuma un Gobierno que busque “fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”.