Javier Milei difundió una criptomoneda llamada $LIBRA y el activo financiero tuvo un incremento abrupto para luego desplomarse en cuestión de horas. Esto provocó dudas sobre su legalidad en las personas allegadas al mercado electrónico. Esta situación produjo un escándalo entre los ciudadanos argentinos y dentro del Congreso, funcionarios opositores, reclaman juicio político.

Ahora bien… ¿Qué es un juicio político?

Es un proceso constitucional que se funda con el objetivo de investigar y sancionar a los funcionarios públicos en caso de mal desempeño de sus funciones, abuso de poder o la comisión del algún delito. Los presidentes están incluidos. La idea de este mecanismo es que los responsables rindan cuentas ante el Congreso de la Nación mediante un riguroso proceso legislativo.

El primer paso del juicio político es una denuncia; puede ser de un legislador o de un ciudadano y se realiza en la Cámara de Diputados. La propia denuncia se analiza y, si se obtiene una mayoría de dos tercios en Cámara baja, se procede.

En caso de que la denuncia contra el presidente suceda y se apruebe, el proceso se lleva adelante por el Senado presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia para garantizar, en principio, imparcialidad. Sin embargo, para que este proceso vea luz, es necesario obtener mayoría de votos tanto en Diputados como en el Senado. 

Milei tiene una situación particular en el Congreso que puede afectar considerablemente un potencial juicio político y es que el presidente argentino depende completamente de sus aliados políticos para mantenerse en el poder. La Libertad Avanza, su partido, tiene una representación limitada en ambas cámaras. Dicho de otra forma, ante un juicio político, la oposición es protagonista ya que estos aliados no necesariamente garanticen el apoyo al presidente ya que no hay ninguna ligazón tangible con él.

¿Ha habido juicios políticos en Argentina?

Argentina ha vivido algunos juicios políticos, aunque raramente. La última se produjo en 2005, cuando el Senado removió al juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano.